VALORACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS REALES DECRETOS DE MÍNIMOS SOBRE
ESTRUCTURA Y CURRÍCULO DE ESO Y BACHILLERATO



 Reunida la Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de CC.OO. para valorar la modificación de los Reales decretos de estructura y de mínimos de ESO y Bachillerato, acuerda hacer pública la siguiente Resolución:

1º.- CC.OO. denuncia el proceso seguido en la elaboración de los RR.DD., ya que el Gobierno ni ha partido de análisis fiables que fundamenten los cambios propuestos, ni ha abierto un plazo razonable de tiempo para que se produjera un debate en profundidad, ni tampoco ha contado para su elaboración con el conjunto de la comunidad educativa.

 El Gobierno se ha limitado a buscar un acuerdo, parcial, de carácter político-parlamentario, más como una operación de imagen, que de sincera disposición a consensuar sus propuestas, lo que supone una vulneración
de los planteamientos en los que se basaba el Dictamen de Humanidades, en cuyo texto se afirmaba que se debía "realizar una evaluación rigurosa de la situación actual de la enseñanza . contando con una representación
suficiente de centros y profesores", "facilitar e impulsar el amplio debate social . con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible sobre la definición de las enseñanzas mínimas, currículos, .", "... con la participación de las fuerzas políticas del arco parlamentario, de las comunidades autónomas, de la comunidad educativa y de la científica y de los sindicatos de enseñanza, que oriente las concreciones de mejora de los contenidos educativos .". Sin debate amplio y participativo no se alcanza el consenso, siempre necesario si se quiere garantizar el éxito de las reformas.

 De otra parte, algunos de los argumentos esgrimidos para fundamentar los cambios carecen de rigor, como en lo referente a la movilidad geográfica de las familias. Hoy los datos oficiales de los que se dispone (Instituto Nacional de Estadística) demuestran que únicamente el 0'7% de las familias cuyos hijos están estudiando secundaria, se acoge a dicha movilidad.

2º.- CC.OO. considera que los diseños curriculares actuales son susceptibles de revisión y, en efecto, deben ser revisados, pero al mismo tiempo manifiesta que los cambios propuestos son cuestionables por:
· Inducir a una educación más academicista y más compartimentada y, por ello, menos sujeta a las nuevas realidades sociales a las que debe dar respuesta el sistema educativo y, también, menos integral y polivalente.

· Desequilibrar la relación entre las áreas de conocimiento introduciendo una ruptura de la educación más integral. Esto se pone de manifiesto en la reducción horaria de asignaturas como Educación Plástica y Visual y Música, que contribuyen esencialmente a una formación más general y amplia que debemos considerar, también, humanista. Llama la atención en este sentido que se reduzca la carga lectiva de estas materias y no la de la asignatura de Religión y Moral Católica, que hoy por hoy, es voluntaria y no evaluable.[el subrayado es nuestro: Aulodia^]
· Cercenar la autonomía pedagógica de los centros y de los Claustros de profesores, cuestiones esenciales para adecuar los diseños curriculares a la realidad concreta de los centros educativos y garantizar así el éxito del proceso educativo. Al mismo tiempo, la regulación cerrada, por cursos, de los contenidos va en detrimento de la capacidad normativa de las CC.AA.. Todo ello favorece la consideración de la educación como algo más estatal y menos público.

3º.- CC.OO. pone de manifiesto que estas medidas no resolverán los problemas que tenemos en los centros de secundaria. Con ellas dificilmente se saldrá al paso de la tasa de fracaso escolar, pues serán, de nuevo, los alumnos con más dificultades en el actual modelo, los que fracasen con más intensidad en la nueva ordenación de la etapa, con la novedad de que, en vez de ser atendidos con  medidas de apoyo o refuerzo y de atención a la diversidad, serán derivados hacia otras formas de organización curricular, más devaluadas.
 Al mismo tiempo CC.OO. manifiesta su preocupación por el hecho de que estas medidas sean la antesala de cambios legislativos que modifiquen la estructura del actual sistema educativo.

4º.- El Gobierno no ha hecho pública la repercusión previsible de estas medidas en materia de personal: plantillas y condiciones de trabajo. CC.OO., como sindicato de enseñanza, no puede renunciar a negociar
cualquier posible modificación de las plantillas y de la carga horaria del profesorado, ya que ninguna reforma puede ir en detrimento de las condiciones laborales de los colectivos docentes y de servicios. Esto se puede producir, no sólo por la mayor carga lectiva de unas materias y la menor de otras, sino también por el aumento de mínimos en materias que conservan el mismo horario.

5º.-  Las contradicciones de los portavoces del Gobierno sobre el gasto presupuestario para implantar los nuevos RR.DD. hacen temer una insuficiente financiación. El MECD empezó diciendo que se podía implantar la reforma con coste cero, para luego afirmar que habría financiación. CC.OO. exige un plan financiero que garantice que el coste de la reforma no recae en la capacidad financiera de las CC.AA., ya que abundaría en los desequilibrios territoriales ya existentes, ni tampoco en el esfuerzo y voluntarismo de los docentes.

6º.- CC.OO. se manifiesta dispuesta a participar  en un debate amplio y abierto sobre los actuales diseños curriculares, pero considera que debe hacerse desde:
· Una visión integral e integradora de las enseñanzas, con medidas concretas para una adecuada atención de la diversidad de los alumnos.
· La intención de conseguir unos mejores resultados para todos los estudiantes. La Federación de Enseñanza de CC.OO., en cualquier caso, defenderá aquellas modificaciones de la actual ordenación que sean compatibles con un modelo comprensivo de la esta etapa obligatoria y con una adecuada atención que evite la exclusión de alumnos del sistema educativo o su derivación a titulaciones de muy distinto valor social y educativo.

 Para ello, CC.OO. promoverá un debate en el marco de la Plataforma en defensa de la enseñanza pública y buscará el acuerdo entre todas las fuerzas sociales y políticas que apuesten por una mejora del sistema educativo basado en la calidad y la igualdad.

Madrid, 15 de noviembre de 2000